En un futuro próximo, presentaré legislación para imponer restricciones a la venta y compra de armas y accesorios de tipo militar.

Segun el Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, un arma de grado militar se define como aquella que tiene la capacidad de liberar una gran cantidad de municion en un corto periodo de tiempo mientras el usuario mantiene el control total del arma. Los accesorios de estas armas se añaden con el propósito de causar un daño adicional al objetivo propuesto de una manera más eficiente que antes. También se puede comprar fácilmente munición de grado militar, incluyendo balas perforantes de chalecos antibalas que en las calles se llaman coloquialmente "mata-policías". Estos accesorios y otros se fabricaron sin otro propósito que el de acabar con la vida de otro ser humano.

Esta legislación que agregará Pennsylvania a la creciente lista de estados que utilizan Órdenes de Protección de Riesgo Extremo. Esta política de salvar vidas puede ayudar a proteger a nuestras comunidades de tiroteos masivos, suicidios con armas de fuego y otros actos de violencia armada.

Una Orden de Protección de Riesgo Extremo ("ERPO", por sus siglas en inglés) proporciona un mecanismo para que las fuerzas del orden y los seres queridos soliciten una orden judicial para restringir temporalmente el acceso de una persona a las armas de fuego cuando ésta represente claramente un peligro para sí misma y para los demás. Todas las solicitudes de una ERPO deben basarse en las observaciones y preocupaciones de seguridad de los agentes de policía locales, familiares u otros seres queridos, todos los cuales buscan la ayuda del Tribunal con el objetivo de prevenir tragedias con armas de fuego.

Esta legislación promulgaría una prohibición de armas de asalto en Pensilvania. Este proyecto de ley reflejaría el lenguaje que es muy similar a lo que se promulgó en Connecticut después del tiroteo Sandy Hook Elementary School, que se considera uno de los más duros de la nación.

Según la ley de Pensilvania, tanto las armas de asalto como los cargadores de gran capacidad son legales. Existía una prohibición federal de este tipo de armas en todo el país que comenzó en 1994. Sin embargo, la prohibición federal de las armas de asalto expiró en 2004 y la disposición de extinción nunca se renovó. Durante los 10 años que estuvo en vigor la prohibición, fue ilegal fabricar las armas de asalto para su uso por ciudadanos particulares. La ley también estableció un límite para los cargadores de gran capacidad: ahora no podían llevar más de 10 balas. Sin embargo, cualquier arma o cargador fabricado antes de que la ley entrara en vigor en 1994 era perfectamente legal para poseer o revender.